Víctimas, congresistas y personas magistradas señalaron las áreas de oportunidad del sistema de justicia.
Hay otro rostro al que no le ha llegado la justicia: legislador Octavio Martínez.
La diputada Ana Yurixi Leyva destacó que la elección judicial ayudará a tener un sistema más eficiente, accesible e imparcial.
La parlamentaria Paola Jiménez llamó a seguir trabajando para acabar con la impunidad.
Redacción El Monitor
Toluca, México. Ante la próxima elección para la integración del Poder Judicial estatal, víctimas de delitos y familiares de personas privadas de su libertad se pronunciaron por un sistema de justicia más cercano, congresistas de morena y PT señalaron que la elección popular es una oportunidad para democratizar al Poder Judicial estatal, y personas magistradas reconocieron las áreas de oportunidad.
Durante el Foro Retos del Poder Judicial del Estado de México, el diputado Octavio Martínez Vargas (morena) indicó que el proceso electoral del 1 de junio permitirá conocer el rostro y antecedentes de quienes van a juzgar, además de combatir la corrupción, conforme al plan estatal de desarrollo.
Sobre el video de una barbería en Valle de Chalco en el que presuntamente se exhibe a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) “sembrar” estupefacientes en el negocio, el legislador llamó al fiscal general, José Luis Cervantes Martínez, para que corrija a su personal en materia de procuración de justicia pues, indicó, que “si no puede con el cargo, que valore dar las gracias y que asuma la responsabilidad alguien que tenga un mayor compromiso con la sociedad”.
En su oportunidad, la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) subrayó que la justicia, no solo es el reflejo de un orden normativo, sino el garante de los derechos, la libertad y la igualdad, por lo que las recientes reformas son un medio para una justicia eficiente, accesible e imparcial. Anunció que, desde la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición (la cual preside), se buscará una reunión con la FGJEM o la autoridad competente para que reciban a las familias que expusieron sus casos.
Ante legislador José Miguel Gutiérrez Morales (morena), la parlamentaria Paola Jiménez Hernández detalló que, de acuerdo con el informe “Hallazgos 2023” de México Evalúa, la impunidad directa alcanzó el 93.6 por ciento, lo que amerita un análisis profundo de lo que está pasando en los ministerios públicos, las fiscalías y con el Poder Judicial, cuya reforma fue un mandato popular. Lamentó que la impunidad sea el combustible de la violencia, por lo que llamó a seguir luchando y trabajando para una justicia eficiente.
Arlen Siu Jaime Merlos, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa estatal, expresó su solidaridad a cada familiar de alguna víctima que está en espera de encontrar justicia, lo cual, reconoció, confirma que existe una falta de legitimidad social del poder encargado de impartir justicia y que no está dando respuesta a la sociedad.
En tanto que Héctor Macedo García, magistrado del Poder Judicial, afirmó que hay un sistema de “oligarquía lejana a la sociedad”, por ello debe replantearse todo el esquema jurídico.
En este encuentro, Martha Soto, tía del joven cuya barbería fue cerrada en un operativo en el que presuntamente exhibió la “siembra” de drogas gracias a las cámaras de videovigilancia del negocio, llamó a la Fiscalía a supervisar a su personal, y exigió que las y los involucrados sean dados de baja y sancionados por este y demás casos similares.
Antonio Oliver González, Patricia Monter, Joaquín Buendía, Raymundo Martínez, Leticia Santiago, Karina Martínez, Alma Beltrán, Leticia Ramírez, Norma Limón, Andrés Luján, Miriam Santiago, Antonia Gómez, Karla Fernández, Leticia Mendoza y Yideli Espín expusieron presuntas irregularidades en la detención y sentencias de sus familiares.
Mónica Liliana García pidió ayuda para localizar a su hijo; Erika Cabello denunció impunidad por el feminicidio de su hija, al igual que Guadalupe Alamillo, Patricia Nicasio Ramírez, Alfonso Hernández y Karla Fernández por los homicidios de su hermano, esposo, hijo y padre, respectivamente.
Estela Carrillo denunció un desalojo de su hogar y robo de pertenencias; Daniel González la invasión de un inmueble de su propiedad; Elvira García la fabricación de un juicio por un supuesto adeudo; Josefina Cedano un fraude por temas patrimoniales, mientras que Julieta Leticia Ramírez, Miriam Gutiérrez y Clara Vallejo solicitaron que se revisen las sentencias de su hija e hijos, respectivamente.
Alejandro Estrada pidió hacer una reflexión con miras a la elección de integrantes del Poder Judicial a partir de los retos para acceder a la justicia para que sean electas personas con capacidad e integridad para resolver este tipo de problemáticas.
Yamilé Guadalupe Siles López, servidora pública del Poder Judicial estatal, denunció influyentismo y nepotismo en esta institución, pero dijo que están trabajando para un trato más humano y una justicia más pronta y expedita, por lo que pidió disculpas y ofreció su disposición para ayudar a que estos casos sean atendidos.
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