Redacción El Monitor
La detención de Ismael "El Mayo" Zambada se trata de un secuestro transfronterizo y su defensa legal exige su repatriación a México desde Estados Unidos, indicó el abogado Juan Manuel Delgado, quien forma parte su defensa legal.
El litigante explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula que desde principios de los 90 México y Estados Unidos firmaron el Tratado para Prohibir los Secuestros Transfronterizos, por lo que han pedido al gobierno de México intervenir.
“Se toca el caso, casi hecho a la medida, del señor Ismael Zambada, porque una de las fracciones que maneja este tratado es que un particular no puede extraer por medio de la coerción o la fuerza, del territorio nacional de cualquiera de los Estados firmantes, a un individuo y ponerlo a disposición de la jurisdicción de otro país”, dijo el abogado.
"El Mayo" Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, al llegar en una aeronave junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, quien fue líder del Cártel de Sinaloa. Zambada acusó haber sido “emboscado” y “secuestrado” por Guzmán López.
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Delgado señala que aún no tienen una respuesta oficial a la carta donde Zambada pide al gobierno de México ser extraditado y juzgado en territorio nacional, sin embargo, dijo que, de no obtener una contestación en un tiempo “razonable”, interpondrán un amparo para obligar a las autoridades a responder, pues aseguró que se trata de un derecho y concierne a la propia soberanía del país.
“Hablamos de un caso emblemático, de una persona que presuntamente es solicitada en ambos países por haber participado en la comisión de delitos, sin embargo, creo que esto atañe a más allá de una persona, a todos nosotros como mexicanos porque hablamos de un tema de soberanía, independencia y no intervencionismo”, sostuvo en entrevista con Gómez Leyva.
El abogado indicó que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que un Estado debe solicitar a otro la extradición de una persona en caso de ser acusada de un delito y cuando pueda sancionarse el ilícito con pena de muerte, asegurar que esta no será incluida en la condena o que no será aplicada. La pena de muerte además está prohibida en el Artículo 22 de la Constitución de México, apuntó.
“Existe una obligación por parte del Estado mexicano de solicitar al gobierno americano un compromiso redactado por el Poder Judicial de aquel país que conforme a la Convención de Viena para relaciones diplomáticas es el único Poder que puede garantizar de manera suficiente que no se aplicaría esa pena de muerte”, dijo en Radio Fórmula.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este martes durante su conferencia matutina que acudirá Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para fijar la posición de la institución en el caso Zambada.
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