El régimen de Maduro rechaza propuesta de Bukele de liberar presos políticos

Redacción El Monitor

El régimen de Nicolás Maduro rechazó este domingo una propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien planteó un acuerdo humanitario para repatriar a los 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de la liberación de un número equivalente de presos políticos detenidos en Venezuela.

La respuesta llegó a través del fiscal general impuesto por Maduro desde 2017, Tarek William Saab, quien calificó la propuesta como “cínica” y arremetió contra Bukele en un extenso comunicado.

“Este sujeto al margen de la ley, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador”, dijo Saab, al tiempo que aseguró que el mensaje de Bukele “demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral” del mandatario salvadoreño.

Bukele propuso “un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que hay en Venezuela”

El fiscal chavista pidió una “fe de vida” de los migrantes y solicitó a las autoridades salvadoreñas “la lista completa con la identificación, su estatus judicial y el informe médico de cada uno”.

La reacción surgió tras un mensaje publicado por Bukele en X, dirigido directamente a Maduro.

En el texto, Bukele propuso “un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que hay en Venezuela”.

El mandatario salvadoreño detalló que entre los detenidos en Venezuela se encuentran Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; y Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, quien ha denunciado persecución constante.

Pese a las múltiples denuncias de organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela, el fiscal Saab volvió a negar la existencia de presos políticos en el país, argumentando que los detenidos enfrentan causas por delitos comunes o conspiración.

Afirmó además que el tratamiento dado a los venezolanos deportados por EEUU y recluidos en El Salvador “constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX”.

En otro tramo del comunicado, Saab acusó al presidente salvadoreño de usar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) como “un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana” y afirmó que “utiliza (a los migrantes) para recibir a cambio sumas millonarias de dinero”.

El fiscal indicó que enviará comunicaciones oficiales tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, exigiendo información sobre los delitos imputados a los venezolanos detenidos, así como detalles de su acceso a asistencia legal y si han podido comunicarse con sus familias.

El intercambio propuesto por Bukele surge en un contexto de creciente presión internacional hacia el régimen venezolano, que el 10 de enero juró de forma ilegítima un tercer mandato presidencial tras el fraude electoral de 2024.

Según datos del Foro Penal Venezolano, hay actualmente más de 270 presos políticos en el país, incluidos líderes opositores, militares disidentes, activistas y ciudadanos sin afiliación política.

Organismos internacionales han documentado casos de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas como parte de una política sistemática de represión. La Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen.

Mientras tanto, el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Venezuela, reactivado en octubre de 2023, ha permitido la deportación de centenares de venezolanos, varios de los cuales han sido acusados por autoridades estadounidenses de vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua, catalogado como organización terrorista por el gobierno de Washington.