La austeridad es un deber y una política de Estado: Ricardo Monreal.
Necesario fortalecer la autonomía presupuestal de los poderes judiciales: Ricardo Sodi.
Redacción El Monitor
Toluca, México. Este martes en la sede del Congreso del Estado de México, el senador Ricardo Monreal Ávila informó que la reforma al Poder Judicial se estima en 3,500 millones de pesos, y aseguró que ésta reforzará la austeridad como deber y como política de Estado, garantizando los derechos de sus trabajadores los cuales serán respetados.
Como parte de los diálogos nacionales para la reforma judicial, que se llevan a cabo en Toluca, el senador adelantó que se garantizarán recursos para pagar las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial ; sin embargo, advirtió que sí desaparecerán las pensiones complementarias y los haberes de retiro que se otorgan a los ministros, jueces y magistrados.
A su vez Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, se pronunció por una suficiencia presupuestal; en tanto que el diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la Directiva de la LXI Legislatura mexiquense, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coincidieron en que debe ser una reforma consensuada.
Ante el diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), presidente de la Jucopo de la LXI Legislatura mexiquense, el magistrado Ricardo Sodi expuso que frente a las carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia no es posible hablar de austeridad; dijo estar en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto para una aplicación transparente y eficiente para acercarse a los estándares internacionales, con una mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo.
En el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial “Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial”, organizados por el Congreso de la Unión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena) puntualizó que con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se garantizará que nadie en la administración pública gane más que la persona titular del Ejecutivo federal y se eliminarán el haber de retiro y las pensiones vitalicias para ministras y ministros que concluyen con sus encargos.
Ricardo Monreal añadió que en los presupuestos de egresos se asignarán recursos para garantizar el pago de sus pensiones, pero advirtió que ya no se permitirá que haya pensiones complementarias ni haberes de retiro, que representan erogaciones millonarias anuales.
Mencionó que en la actualidad, los ministros de la corte reciben al retirarse el cien por ciento de su salario mensual por dos meses, es decir, 300 mil pesos. Después reciben el 80 por ciento de este monto hasta su muerte.
Además, anualmente reciben un aguinaldo de más de 568 mil pesos y “un pago por riesgo” de 642 mil pesos, además de una percepción de 95 mil pesos por concepto de prima vacacional.
Asimismo cuentan con un seguro de vida por 12 millones de pesos para el ministro y su cónyuge y un pago por defunción de 1 millón 189 mil pesos.
Como parte de los apoyos, los ministros tienen derecho a contar con 5 personas de apoyo, (2 choferes y tres técnicos) cuyos salarios los cubre el Poder Judicial, y 5 personas más de seguridad, también pagados con recursos del erario.
Por si esto fuera poco, tienen acceso a dos Suburban blindadas (cuyo costo es de 3 millones de pesos cada unidad), y un apoyo para gasolina de 22 mil pesos mensuales, además de que se les sigue pagando el gasto de casetas de peaje, aun cuando ya no están en servicio. Adicionalmente, se les rembolsa todo el gasto que hagan en medicamentos y en el mantenimiento de las camionetas de lujo asignadas.
Monreal aclaró que todo esto habrá de desaparecer, como también desaparecerán los fideicomisos que tiene el Poder Judicial, pues 13 de los 14 fideicomisos que existen están fuera la ley. Los recursos que tengan estos irán a la hacienda pública.
En su turno, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados federal, indicó que la Carta Magna impone un respeto a la autonomía de los poderes judiciales y los derechos de las y los trabajadores del sector, pero enfatizó que todo lo demás está a discusión.
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados federal, subrayó que es una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial en los últimos 150 años con la que se busca, a través del diálogo, garantizar a la población el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita.
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