Redacción El Monitor
La Suprema Corte de Justicia de México rechazó este jueves un listado de casi 1.000 aspirantes a personas juzgadoras que le envió el Senado mexicano para la Elección Judicial del próximo 1 de junio, y que resultó del proceso de insaculación o sorteo realizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el lunes pasado.
En un breve comunicado, el máximo tribunal del país informó que los ministros revisaron el tema en sesión privada este jueves, pero “no se alcanzó la mayoría de ocho votos a la que se refiere el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación”.
El presidente del Senado, el oficialista Gerardo Fernández Noroña, dijo este jueves que la decisión de la Corte de rechazar las 956 candidaturas a diversos cargos de juzgadores del Poder Judicial seleccionadas por el Senado “es intrascendente”, ya que la Cámara Alta enviará la lista al Instituto Nacional Electoral, tal y como lo resolvió recientemente el Tribunal Electoral.
La Suprema Corte tiene de plazo hasta este viernes para enviar al Senado las listas definitivas de aspirantes, y este, a su vez, deberá remitirlas al Instituto Nacional Electoral (INE) a más tardar este sábado, con fecha límite al 12 de febrero, para realizar el registro correspondiente, según marca la reforma judicial.
“A partir de ese proceso se comenzará a integrar boletas con los nombres”, dijo este jueves el líder de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Como resultado de la decisión de la Suprema Corte, el Poder Judicial no tendría candidatos en las boletas, las cuales solo incluirían a los propuestos por el Ejecutivo, el Legislativo, jueces, magistrados y tres ministras en funciones afines al oficialismo, señalaron expertos consultados por CNN.
Los Comités de Evaluación del Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo fueron habilitados para elegir a sus aspirantes para participar en la inédita elección judicial del 1 de junio, pero los integrantes de la comisión judicial se negaron a hacer dicha selección. Por ello, el Tribunal Electoral facultó al Senado para realizar esa función a través de una insaculación o sorteo.
La decisión del Máximo Tribunal llega en medio de tensiones que deja la polémica reforma judicial, aprobada y promulgada en septiembre pasado por el entonces presidente de México Andrés Manuel López Obrador a fin de transformar el poder judicial en el país, señalado frecuentemente por el exmandatario de “corrupción”.
Dicha reforma establece que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, una medida sin precedentes en México.
Con quejas de la oposición, diputados y senadores avalan aspirantes al Poder Judicial
Las Cámaras de Diputados y Senadores de México, con mayoría calificada oficialista, aprobaron el miércoles las listas de candidatos a juzgadores que aparecerán en la boleta de la elección judicial del 1 de junio.
La Cámara Baja fue la primera en aprobar dicho listado con 321 votos a favor y 112 en contra. Durante la sesión, legisladores de oposición se pronunciaron en contra de dicha selección al señalar que se incluyen varios aspirantes cercanos al oficialismo, incluido el ministro en retiro Arturo Zaldívar.
El diputado del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI) Emilio Suárez Licona señaló que la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras “es la expresión de un ejercicio de desaseo e improvisación que sigue la lógica de desmantelar al Poder Judicial” mediante un proceso con irregularidades e inconsistencias.
Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC) Juan Ignacio Zavala Gutiérrez denunció que hubo desaseo en el proceso y acusó de que se ignoraron múltiples suspensiones que ordenaron reponer o detener el procedimiento parlamentario.
De lado del oficialismo, el diputado de Morena Leonel Godoy Rangel afirmó que el proceso de insaculación realizado por ambas cámaras fue “público y transparente”, y defendió su proceso.
La lista completa de aspirantes a juzgadores, integrada por poco más de 1.400 nombres, será enviado al Instituto Nacional Electoral con plazo máximo el 12 de febrero, tal y como establece la Reforma Judicial.
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